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Derechos digitales: cómo defender las libertades en línea

José Flores Sosa

 

Un año después de salir de la universidad, visité a un amigo en Guadalajara. Él es ingeniero en sistemas y se había mudado para trabajar en “el Silicon Valley mexicano”, como llaman a la ciudad. Antes de regresar a casa, hablamos sobre el futuro. Ambos teníamos muy poco de haber egresado: yo había comenzado a trabajar como editor de tecnología en un sitio web y él estaba pensando en su posgrado.

 

“El mundo –me dijo– será de los programadores”. Era 2010 y se vivía el auge de las aplicaciones móviles. Internet lucía cada vez más fértil para las start-ups y, en general, se respiraba un ambiente prometedor. Coincidimos en que programar sería, muy pronto, tan indispensable como saber leer o escribir. Me dejó con esa idea de que los informáticos iban a marcarnos el paso durante los próximos años. No se equivocó.

 

Volví a verlo en 2015. Nos encontramos en Berlín. Fue una gran coincidencia: yo estaba de visita como representante de México en la Wikimedia Conference; él se había mudado apenas unos días antes para tomar un puesto importante en una startup. Yo ya había pasado cinco años como editor de tecnología en diferentes sitios web y tenía una oferta de trabajo nueva. Volvimos a conversar y retomé la afirmación que me dio cinco años atrás. “Te equivocas –le dije–, el mundo ahora será de quienes entiendan cómo regular a los programadores”.

 

Mi nombre es José Flores Sosa y egresé en 2009 de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Ahí también hice mi maestría en Medios Digitales. Mi camino inició, como el de tantos comunicólogos, trabajando en diversos medios. He trabajado en radio, televisión, prensa; pero mi verdadera pasión siempre ha sido Internet.

 

Mi historia personal ha estado ligada a la red desde que estaba en la licenciatura: en mi segundo semestre fundé Elocuencia 8080, la radio estudiantil en línea. Ahí tuve mi primer contacto con los derechos digitales, aunque en ese momento no lo sabía. Ocurrió en el verano de 2006. Llevábamos poco menos de un año transmitiendo, cuando la universidad nos notificó que debía restringir nuestra señal. No podíamos emitir fuera del campus. La razón fue que una sociedad de gestión de derechos de autor demandaba el pago de un canon por la música que poníamos en la estación. El costo era desproporcionado y, para una organización estudiantil como nosotros, impagable.

 

Mi reacción fue encerrarme un semestre en la biblioteca a leer todo lo que pudiera sobre derechos de autor. Consulté de arriba a abajo la Ley Federal de Derechos de Autor. Aún no había nada regulado sobre emisiones en Internet; estábamos en un área completamente gris. Sin embargo, lo que hacíamos quedaba suscrito a las excepciones y limitaciones de la LFDA, ya que nuestro objetivo era la difusión de la cultura, la ciencia y la educación. A la larga, con apoyo de la universidad, lo resolvimos, pero esa experiencia me dejó marcado.

 

Esa también fue la época en que hallé en los blogs una plataforma idónea para transmitir mis ideas y mis opiniones. Fue gracias a esas experiencias que en 2009, al salir de la carrera, ingresé a Hipertextual, una de las compañías de blogs más grandes en Hispanoamérica, para escribir en dos sitios: ALT1040, uno de los sitios de tecnología más leídos en español; y Vivir México, un blog de noticias de actualidad sobre el país.

 

Ya como editor de tecnología, descubrí que me aburría mucho escribir sobre productos. Había hecho mi tesis sobre sociología de la tecnología: en realidad, lo que me apasionaba eran los usos y las prácticas; cómo los aparatos que nos rodean modifican la forma en que comprendemos el mundo. No sabía que mi aproximación se daría, nuevamente, a través de lo legal. En 2010 comenzamos a cubrir el tema del Acuerdo Comercial Antifalisificación (ACTA, por sus siglas en inglés); se trataba de un tratado internacional, negociado en opacidad, que imponía –entre otras cosas– castigos desproporcionados por compartir y descargar archivos de Internet.

 

Estar en el blog me permitía, además, hacer periodismo de opinión con mayor libertad. Criticamos la negociación, mostramos a la gente por qué era perjudicial; algunos de mis colegas incluso participaron en las mesas de trabajo del Senado. La experiencia se repitió varias veces más: en algunas, analizando leyes absurdas para limitar Internet; en otras, promoviendo actividades y proyectos valiosos. Fue así, por ejemplo, que descubrí Wikimedia México, la asociación responsable de los proyectos de Wikipedia en el país, de la que formo parte de su mesa directiva desde 2014.

 

Escribir de esos temas me permitió especializarme. Gracias a ello, por ejemplo, gané un premio de periodismo con un artículo sobre los riesgos de la Cédula de Identidad Ciudadana, promovida entonces por el presidente Felipe Calderón. De pronto, publicar ya no era suficiente: me involucré con las asociaciones, cree mis propios proyectos. Cada día estaba más convencido de que mi rol debía ser más activo. Si escribía, no era solo para informar, sino para persuadir, para educar, para incidir.

 

Cuando volví de Berlín, renuncié a mi trabajo como editor de tecnología y me sumé a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una organización no gubernamental dedicada a estos temas, donde hoy trabajo como Director de Comunicación. Ese año también me volví editor del boletín Digital Rights Latin America & the Caribbean, donde comencé a trabajar con organizaciones de América Latina. Tomé la decisión de moverme hacia el activismo porque el tema de los derechos digitales necesita de interlocutores: profesionales interdisciplinarios que sepan explicar la importancia desde una perspectiva social, capaces de traducir los términos técnicos (tanto informáticos como legales) para impactar en la opinión pública.

 

Mi historia laboral me ha permitido comprender de cerca de qué se tratan los derechos digitales. Como tal, el término se utiliza para designar el ejercicio de los derechos humanos a través de la tecnología o en un entorno digital. El surgimiento de Internet cambió drásticamente nuestra forma de comprender el mundo; permitió, por ejemplo, un acceso mucho más democrático a los medios de comunicación. Incrementó las oportunidades para el acceso al conocimiento, a la educación y a la cultura. Facultó a las personas a ejercer de otras maneras su derecho a la libertad de expresión, de asociación, entre otras.

 

Pero la tecnología también exacerbó algunas de las problemáticas de nuestra sociedad. La desigualdad social aún está presente dentro de la brecha digital; la libertad de expresión está amenazada por la censura en línea; el derecho a la privacidad está expuesto por las prácticas vigilancia masiva; el acoso sexual ha trascendido de lo físico a lo virtual y viceversa. El interés público y privado entra en tensión. ¿Hasta dónde se debe marcar el límite? Esa es la tarea de esta nueva área.

 

Regular la tecnología con una perspectiva de derechos humanos es un desafío mayúsculo. Los gobiernos y las empresas caen a menudo en la tentación de la coerción, sin comprender que sus medidas pueden lesionar los derechos de los demás. El debate es amplio y conjunta temas como la privacidad, el anonimato, la libertad de expresión, la violencia en línea, el acceso al conocimiento, la seguridad digital, entre muchos otros. La discusión es impostergable, sobre todo en un país como México, donde las libertades se encuentran bajo una amenaza constante y, tristemente, muchas veces desde el Estado mismo.

 

Al final, haber orientado mi desarrollo profesional hacia esta dirección me ha llenado de satisfacciones, pero no son los premios ni los reconocimientos lo que más me enorgullece, sino ser partícipe de la construcción de una sociedad civil más fuerte y de un contrapeso hacia las asimetrías de poder. Nuestro país vive una realidad cruda: la brecha digital no se ha cerrado, la censura pesa sobre los medios independientes, el acceso al conocimiento libre es limitado por derecho de autor y la violencia de género afecta nuestra cotidianeidad, dentro y fuera de línea. La pregunta es: ¿qué podemos hacer para cambiarlo?

 

Estamos ante una desventaja estructural que sólo puede ser modificada a través de un enfoque más equitativo, más humano, sobre nuestra posición en el mundo. Espero que los estudiantes que hoy cursan en la UDLAP aspiren no sólo al éxito basado en lo individual, sino en el que da la utilidad social, el interés público y el crecimiento colectivo. Que el conocimiento que reciben en la aulas sea empleado para el bien común, desde cualquier trinchera que elijan. Una preparación universitaria de primer nivel es un privilegio que debe usarse con sensibilidad y, sobre todo, con un profundo espíritu crítico. Le debemos eso al mundo, como profesionales. Que el futuro sea de quienes defienden las libertades.